Con la venta de AySA, el Gobierno busca reunir fondos para pagar deuda

El Gobierno dio este jueves un nuevo paso en su estrategia para conseguir dólares y afrontar los vencimientos de deuda que tiene por delante. La apertura de las ofertas económicas para la privatización de AySA dejó una propuesta de US$340 millones por el 90% de las acciones de la empresa, un ingreso que, aunque quedó por debajo de lo que esperaba recaudar Economía, se suma a uno de los mecanismos que el equipo de Luis Caputo había incluido en su programa financiero para 2026 y 2027.

La oferta más alta fue presentada por el consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, Transclor y PHX Aqua AR B.V., que superó los US$285 millones ofrecidos por el grupo encabezado por Roggio, por lo que la propuesta quedó como la mejor de la licitación y el proceso continuará con la evaluación correspondiente antes de la adjudicación definitiva.

El monto ofrecido quedó por debajo de las expectativas iniciales del Ministerio de Economía, que calculaba obtener entre US$450 millones y US$500 millones. De todos modos, para el Ejecutivo, la operación de Aysa es considerada una “bisagra dentro del programa de privatizaciones” y representa una señal de la decisión oficial de avanzar con la transferencia de empresas al sector privado.

La privatización contempla el traspaso del 90% de las acciones de AySA y una concesión por 30 años. El nuevo operador deberá ejecutar un plan de inversiones de $2,89 billones durante el período 2027-2031.

Tras la apertura de las ofertas económicas, ahora la comisión evaluadora deberá emitir su dictamen. Antes de la adjudicación, el proceso será revisado por la Sigen y luego por la Procuración del Tesoro.

Una vez cumplidas esas instancias, se avanzará con la firma del contrato. En paralelo, el grupo ganador deberá constituir la sociedad que funcionará como holding controlante de AySA. Se estima que todo ese proceso podría demandar alrededor de un mes y el cobro de los US$340 millones se concretaría con la firma del contrato.

Privatizaciones para cubrir vencimientos de deuda

El Gobierno busca sumar esas fuentes de dólares para cubrir el calendario de pagos previsto para este año y el que viene. Según datos de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, en lo que resta de 2026 quedan vencimientos en moneda extranjera por un poco menos de US$2500 millones: alrededor de US$550 millones en octubre, US$1300 millones en noviembre y otros US$600 millones en diciembre. En esa cuenta están incluidos los pagos al FMI, previstos en US$800 millones en noviembre y US$300 millones en diciembre.

El desafío es todavía mayor en 2027. De acuerdo con el centro de estudios de ese banco, el próximo año vencen unos US$26.000 millones de deuda soberana. Dentro de ese monto, los meses más abultados son enero -cuando vencen US$4300 millones en Bonares y Globales; y julio, cuando se necesitan US$5400 millones, tambien para Bonares y Globales.

Frente a ese escenario, el Gobierno presentó en julio su programa financiero para lo que quedaba de 2026 y todo 2027. El programa contemplaba necesidades de financiamiento por US$19.200 millones y fuentes identificadas por unos US$22.900 millones.

Entre ellas figura la refinanciación de deuda dentro del sector público, la compra de dólares al Banco Central, la emisión de bonos bajo legislación local, préstamos privados con garantía de organismos internacionales, desembolsos del FMI y fondos de otros organismos multilaterales. Allí también aparecen las privatizaciones con fondos por US$800 millones. Según explicaron en el Ministerio de Economía, los fondos provenientes de la venta de las acciones de Aysa están contemplados para las obligaciones de 2026.

Para 2027, el programa presentado por Caputo contempla necesidades por US$24.900 millones e ingresos por el mismo monto. Esa cifra se explica por US$4900 millones provenientes de compras de divisas al Banco Central, US$5000 millones de emisiones de bonos en el mercado local y US$4200 millones de organismos internacionales.

A eso se agregan US$1700 millones del FMI, US$1800 millones de refinanciación de deuda intra sector público y US$1500 millones por privatizaciones. A la lista se suman los US$3700 millones de superávit financiero que el Gobierno esperaba acumular durante 2026.

Sin embargo, el problema no es solamente una cuestión de montos, sino también la necesidad de conseguir financiamiento en un contexto en el que la Argentina todavía no tiene entre sus planes salir al mercado internacional de deuda.

En ese esquema, la privatización de AySA permite avanzar sobre una de las fuentes que el Gobierno había identificado, pero no alcanza para resolver los vencimientos que enfrenta el Tesoro y que serán uno de las principales cuestiones que formarán parte de la agenda económica de los próximos meses.